Un grupo de 136 vecinos de la zona popular de Naucalpan ha decidido tomar medidas legales y presentar un juicio de amparo debido a las elevadas tarifas de agua impuestas por el Municipio, las cuales consideran injustificadas en comparación con el resto del Estado de México.
Según el Código Financiero, cada año los municipios mexiquenses tienen la posibilidad de solicitar al Congreso local la autorización para cobrar tarifas superiores a las establecidas, argumentando que los ingresos recaudados son insuficientes. En el caso de Naucalpan, la Legislatura ha avalado un incremento considerable en las tarifas, llegando a cobrar 4 mil 956 pesos por tandeo popular y 8 mil 300 pesos por tandeo regular.
La condición para recibir esta autorización es que los ayuntamientos se apeguen a un Manual Metodológico que garantice la transparencia en los ingresos y egresos, además de mejorar la cantidad y calidad del suministro de agua. Sin embargo, según explica la abogada Esther Tapia, encargada de la defensa de los colonos, Naucalpan no cumple con estos requisitos.
La situación es especialmente difícil para los residentes de la Colonia San Lorenzo Totolinga Segunda Sección, donde el suministro de agua es intermitente y a menudo se quedan sin él durante semanas. Juan Ramos, uno de los afectados, ha tenido que pagar anualmente 2 mil 800 pesos al Municipio, a pesar de las deficiencias en el servicio, y enfrenta recargos por retraso en caso de no cumplir con los pagos.
Ante esta situación, los vecinos de Naucalpan han decidido unirse y presentar un amparo colectivo para impugnar las tarifas de agua impuestas por el Ayuntamiento. Además de buscar una justificación y explicación clara sobre los altos costos, esperan que el juicio de amparo ayude a mejorar el suministro y la gestión de agua en la zona.
Esta acción legal representa un llamado de atención al Municipio de Naucalpan y a las autoridades correspondientes, instándolos a reconsiderar las tarifas excesivas y a trabajar en soluciones efectivas que garanticen un suministro adecuado y a precios justos para los residentes de la zona popular. Los vecinos afectados esperan que el proceso legal les permita obtener respuestas y cambios positivos en beneficio de toda la comunidad.
