El diputado Faustino de la Cruz Pérez expresó su preocupación por la persistente política de abusos y corrupción llevada a cabo por la Dirección de Desarrollo Urbano de Coacalco. Según el legislador, los funcionarios de esta dependencia están exigiendo pagos desmesurados de entre 50 mil y 200 mil pesos a los negocios locales para regularizar sus licencias de uso de suelo.
El diputado deploró esta situación, ya que si los empresarios se niegan a entregar dichas sumas de dinero, el gobierno municipal, encabezado por el alcalde David Sánchez, procede a suspender las operaciones de los establecimientos. Esta práctica, sin duda, tiene un impacto negativo en la economía de cientos de hogares en la zona.
Faustino de la Cruz Pérez instó al alcalde a tomar medidas para frenar a los funcionarios corruptos y garantizar el derecho al trabajo de los habitantes de Coacalco, además de impulsar la actividad económica en el municipio. Como miembro de la Comisión de Desarrollo Urbano de la Legislatura local, el legislador explicó que desde el año pasado el ayuntamiento ha emprendido una campaña de “regularización” de los comercios establecidos. No obstante, los inspectores municipales exigen sumas exorbitantes para poner en orden la documentación y permitir la continuidad de las operaciones comerciales. Como resultado, es frecuente encontrar negocios con sellos de suspensión en diversas colonias del municipio.
En uno de los casos mencionados, un negocio de abarrotes con casi 30 años de antigüedad y que sustenta a una familia de cinco personas fue suspendido por los verificadores de Desarrollo Urbano. Estos señalaron que el establecimiento debía contar con cinco cajones de estacionamiento, un requisito que nunca se les había exigido durante décadas de operación. Los sellos de suspensión llevan semanas afectando al negocio y ya han ocasionado pérdidas superiores a los 30 mil pesos.
Cuando los propietarios del local acudieron a Desarrollo Urbano en busca de soluciones, el subdirector, Gabriel Reyes, les informó que para regularizar su situación y permitir la reapertura, debían realizar un pago de 90 mil pesos. Esta cantidad resultaba inalcanzable para la familia, incluso en un plazo de seis meses. “Pedí ayuda para poder reabrir mi negocio, pero en Desarrollo Urbano me hicieron un cálculo en UMAS y me dijeron que debía pagar 90 mil pesos. Solo buscan sacar dinero de donde puedan. Les dije que no tenía ni siquiera esa cantidad en sueños, y su respuesta fue que lo mínimo serían 45 mil pesos”, afirmaron los afectados, quienes solicitaron que se mantuviera su anonimato por temor a represalias.
En otro caso destacado, un restaurante de tamaño mediano con venta de alcohol en Villa de las Flores debía pagar entre 6 y 8 mil pesos por el uso de suelo, según lo estipulado en el Código Financiero.
