En Coacalco, Estado de México, la polémica medida de duplicidad de placas en motocicletas ha desatado críticas y acusaciones de corrupción. El diputado local Faustino de la Cruz denuncia la violación del reglamento de tránsito y el uso de esta disposición como pretexto para la corrupción.
En un intento por combatir los delitos cometidos a bordo de motocicletas, el gobierno de Coacalco, liderado por el alcalde David Sánchez Isidoro, implementó una medida controvertida: la obligatoriedad de portar una placa municipal adicional a la emitida por la Secretaría de Movilidad del Estado de México. Sin embargo, esta disposición ha generado una ola de críticas y acusaciones de corrupción.
El secretario de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de México, Faustino de la Cruz, se ha pronunciado firmemente en contra de esta medida. Según el legislador, la duplicidad de placas no solo viola el reglamento de movilidad que prohíbe el uso de placas dobles en las motocicletas (artículo 6), sino que también ha dado lugar a prácticas corruptas por parte de los policías municipales.
Durante una sesión legislativa, de la Cruz refirió que diversos motociclistas han denunciado ser víctimas de extorsión por parte de los agentes de tránsito de Coacalco, quienes les exigen cantidades de entre 500 y 1,500 pesos para evitar ser llevados al corralón en caso de no contar con la placa municipal. Esta situación se agrava con la reciente operación contra motociclistas en la Vía López Portillo, especialmente en el contexto del Operativo Guadalupano, donde muchas motos incautadas pertenecían a peregrinos.
El diputado criticó duramente la medida, alegando que se ha convertido en un lucrativo negocio para la administración municipal, generando millones de pesos bajo el pretexto de combatir la delincuencia. De la Cruz enfatizó que, si bien los municipios tienen facultades en materia de movilidad, ello no justifica la extorsión a los motociclistas.
El caso de Coacalco subraya la complejidad en la implementación de medidas de seguridad y su potencial desvío hacia prácticas corruptas. La situación demanda una revisión urgente de las políticas de movilidad y seguridad para garantizar que se respeten los derechos de los ciudadanos y se combata eficazmente el delito, sin caer en abusos de poder. La voz del diputado Faustino de la Cruz resuena como un llamado a la acción para rectificar y mejorar las estrategias de seguridad en Coacalco y más allá.
