Un municipio considerado de alta corrupción, dónde las autoridades locales se burlan de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN), pues les indican la destitución del cabildo y lo que hacen las autoridades locales sólo renueven a los ediles y los colocan al frente de otras dependencias municipales.
Hay que recordar que en el mes de enero de este año “Explotó la bomba”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la sentencia mandató la destitución del cabildo y la consignación del ex presidente municipal, Erwin Javier Castelán Enríquez, y del ex alcalde David Sánchez Isidoro, en ese momento diputado federal.
Un ex empleado presentó un amparo ante la justicia federal, ante la negativa del gobierno a pagar el adeudo de 2.3 millones de pesos, de un laudo laboral, por el ello la SCJN ordenó la remoción del ayuntamiento de Coacalco, en una sentencia que causó ejecutoria contra el alcalde y los miembros del cabildo.
Aunque el 16 de enero del año 2018, la Suprema Corte de Justicia ordenó consignar al cabildo de Coacalco, cuando presidió el gobierno municipal David Sánchez Isidoro y también al cabildo de Erwin Javier Castelán Enríquez.
Pareció que los funcionarios “temblarían por el ordenamiento de la SCJN”, sin embargo algunos afortunados “esquivaron el largo brazo de la Ley y lo que hicieron fue aprovechar la coyuntura y buscar un mejor espacio con mayor rentabilidad.
Según, por el incumplimiento de la sentencia de amparo 257/2012, “Los involucrados, alcaldes, síndicos y regidores de Coacalco, “de la administración actual y de la anterior administración municipal”, debieron ser consignados ante el juez del distrito especializado en el sistema penal acusatorio en un Centro de Justicia Penal Federal de la entidad”.
Pese al ordenamiento de la Suprema Corte, un mes después el 19 de febrero por recomendación directa del ex alcalde Erwin Javier Castelán Enríquez, Carolina Castañeda Sánchez, quien ocupaba la segunda regiduría en el cabildo destituido pasó a la dirección del organismo de agua (SAPASAC), y de esa manera se burlaron de la sentencia de la justicia federal.
Esto no quedó ahí, al rendir protesta como nuevo alcalde sustituto de Coacalco, Gabriel Pawling Alva, dejó la secretaría del ayuntamiento y ahí acomodaron a Nora Luz Chávez Hernández. Luego de ser destituida de la sindicatura por mandato de la Corte, pero en Coacalco toda puede pasar, pues no se respeta la legalidad.
Durante la administración de Castelan Enriquez, Pawling Alva, fungió como Secretario del Ayuntamiento, y fue incondicional del ex alcalde y por ello. acordó designar a Nora Luz Chávez Hernández como Secretaria del Ayuntamiento.
Y a Carolina Castañeda como directora general del organismo descentralizado del agua, pese a la existencia de un ordenamiento de destitución y consignación de la Suprema Corte.
Aunque, para los priistas la corrupción parece ser considerada “Una versión de locos”, en el municipio de Coacalco la dirección de Sapasac, la dirección de seguridad pública y de gobierno; representan para la ciudadanía “la encarnación diabólica del mal”.
Para comerciantes, pequeños empresarios, caer en manos de los directivos municipales “Es lo peor que les puede suceder”, multas, extorsiones, pero para los voraces funcionarios representan dinero líquido.
Cualquier motivo insignificante, es suficiente para la extorsión y exprimir hasta que “Entreguen el suficiente dinero para ya no trabajar en los próximos años”.
El 2018 no sólo representa para los funcionarios y la dirección de Sapasac, “El año de Hidalgo”, sino quedar sin empleo de llegar al poder el odiado partido Morena.
“Y ni cómo ayudar a estos corruptos políticos y funcionarios, cuando la voracidad los mantiene vivos”, el hartazgo social es evidente por el comportamiento de políticos que solo ocupan un cargo para sangrar a los empresarios.
En Sapasac imponen multas de hasta 120 mil pesos, o cualquier cantidad y argumento que se les ocurra, sin importar la defensa de los usuarios de contar con los recibos del suministro de agua y drenaje al corriente y no existir atrasó.
Una multa en el carril confinado del Mexibùs equivale a 2 mil 800 pesos, aunque el ayuntamiento no cuenta con la transferencia del servicio de tránsito femenil, las máquinas Hand Held para infraccionar, pero colocaron una lonas y fue suficiente para argumentar y justificar “las extorsiones a los automovilistas”.
Este es el gobierno del PRI, en Coacalco y aún se atreven a ofrecer 500 pesos por un voto, entregar una despensa, un tinaco para comprar conciencias, la sociedad de Coacalco debe cobrar la factura a los abusos de funcionarios cómo Carolina Castañeda Sánchez.
Mientras este tipo de políticos corruptos sigan al frente del gobierno, el rezago, el abuso, la inequidad, el hartazgo social, la pobreza, la inconformidad, van a continuar en la localidad, es hora de ajustar cuentas y exigir paguen por lo actos y abusos en que han incurrido.
Vía Reporteros en Movimiento.
